El Presidente de Estados Unidos puso en vigencia con su firma la ley NicaAct que pone presión a la dictadura Ortega-Murillo

La tarde y noche de este jueves ha sido histórica, tras su aprobación por unanimidad en la Cámara Alta del Congreso (Senado) y posteriormente su aprobación en la Cámara Baja, la Ley Nicaraguan Investment Conditionality, conocida como NicaAct, impulsada en el año 2016 por la Congresista Ileana Ross Lethinen fue firmada y puesta en vigencia hoy por el Presidente Donald Trump.

Con la firma de Trump la tarde de este jueves 20 de diciembre la NicaAct se activó automáticamente y con ella las sanciones y  los efectos demoledores contra la sangrienta tiranía Ortega-Murillo en Nicaragua.

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Fue la propia congresista cubana Ileana Ross-Lehtinen, la impulsora de la Ley, quien hizo el anuncio esta tarde a través de sus redes sociales. La congresista agradeció al Presidente Trump por la firma de la nueva Ley junto a sus colegas Ted Cruz y Mario Díaz-Balart.

La Ley deja sin acceso a la dictadura a préstamos internacionales y aumenta las presiones sobre el régimen Ortega-Murillo el cual enfrenta una grave crisis política y social después que ordenaran asesinar a estudiantes y civiles que protestaban pacíficamente contra un decretazo del INSS, y posteriormente contra la violencia y represión injustificada desatada por orden de Rosario Murillo, la “Jefa” de los escuadrones de la muerte paramilitares.

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La oficina de prensa de la Casa Blanca indicó en un comunicado que firmó esa ley que busca condicionar a la aprobación de Estados Unidos de todo préstamos que Managua gestione ante instituciones financieras internacionales.  Además esa ley establece sanciones a personas vinculadas directamente con la tiranía de Daniel Ortega y su mujer.

A partir de este momento, se convierte en una Ley que posibilita también sanciones dirigida a la dictadura de Ortega y Rosario Murillo, funcionarios y cómplices que están involucrados en corrupción y graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua desde abril pasado cuando estalló la insurreción pacífica de Nicaragua.

La aplicación de  los efectos de la ley podrían evitarse si la pareja de tiranos acepta cumplir con los requerimientos que tienen que ver con la vuelta de Nicaragua de la dictadura a la democracia: El compromiso de celebrar elecciones anticipadas, que cumplan con los estándares democráticos y permitan una observación electoral internacional creíble; pero además también requiera como imprescindible el cese de la violencia perpetrada contra civiles por la guardia orteguista y los grupos de terroristas paramilitares, así como la realización de investigaciones independientes sobre los asesinatos a manifestantes antigubernamentales y que los responsables sean juzgados.

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Uno de los aspectos que hace más importantes y que hace demoledora a la Nica Act es que incluye el proyecto de ley de sanciones del senador demócrata Bob Menéndez, la Ley de Anticorrupción y Derechos Humanos de Nicaragua de 2018, la S. 3233, que contempla sanciones individuales a funcionarios del régimen orteguista y sus colaboradores.

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Además incluye la enmienda del senador republicano Marco Rubio, dirigida a sancionar a los facilitadores de la dictadura con recursos financieros y tecnología para la represión. Además servirá de base para que las víctimas de la represión, familiares de los asesinados, torturados o desaparecidos interpongan una denuncia formal ante la justicia del sistema de Estados Unidos, esto es especialmente importante pues el sistema de Justicia estadounidense tiene un alcance global.

Bastaría que Estados Unidos emitiera una orden de captura internacional contra los paramilitares y matones del orteguismo para que la Interpol o las autoridades migratorias y policiales de cualquier nación aliada pudiera ejecutarla y extraditar a suelo estadounidense al acusado. De esto tampoco quedarían exentos los tiranos Ortega-Murillo.

Esta nueva ley es la tercera herramienta de sanciones contra la tiranía de Nicaragua. Las otras son las sanciones individuales bajo la Ley Global Magnitsky (Glomag); aplicada ya a funcionarios del entorno de Ortega en julio pasado,  y la orden ejecutiva de Trump promulgada recientemente y que permite sanciones directas, como las aplicadas a la mujer de Daniel Ortega,  Rosario Murillo y al sicario de la pareja genocida Néstor Moncada Lau, en enlace entre la guardia orteguista y los grupos terroristas paramilitares.

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