La ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, actual alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, denunció este martes que su oficina cuenta con “información corroborada” sobre homicidios e intentos de homicidio ocurridos entre junio y julio pasados contra personas que se habían manifestado contra la tiranía de Nicaragua.
Los hechos se produjeron en el departamento de Jinotega (fronterizo con Honduras) y “en al menos tres casos -dos de ellos en el municipio (hondureño) de Trojes- se confirmó que las víctimas habían participado activamente en las protestas de 2018”, detalló Bachelet en un informe presentado ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Sobre los asesinatos en zonas alejadas y en la vecina Honduras, Bachelet pidió al Gobierno nicaragüense que investigue de forma urgente esos crímenes y sancione a los responsables
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El documento fue hecho público el viernes pasad, pero Bachelet lo mencionó hoy en una sesión en la que también la dictadura de Nicaragua pudo intervenir, criticar su contenido y negar las acusaciones sin demostrar que las acusaciones no tienen fundamento.
Sobre los asesinatos en zonas alejadas y en la vecina Honduras, Bachelet pidió al Gobierno nicaragüense que investigue de forma urgente esos crímenes y sancione a los responsables.
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TIRANÍA CONTINÚA EN NEGACIÓN
Con respecto a la versión escrita del informe, la alta comisionada agregó que mientras 492 personas detenidas durante las protestas fueron excarceladas, hay más de cien que siguen en prisión por participar en manifestaciones este año.
Como puntos destacados de su informe, Bachelet dijo que el espacio cívico se ha visto reducido considerablemente a raíz de la crisis política y que esta situación no ha mejorado al día de hoy, lo que se evidencia en la severa restricción de la liberad de expresión y de asociación.
Para contestar a esas acusaciones, Daniel Ortega envió a Ginebra a su ministro asesor para las Relaciones Internacionales, Valdrack Jaentschke, quien inició su intervención pidiendo que se deje de mirar atrás y que se hable de “la realidad actual” que, según él, es muy diferente a lo descrito por Urrejola y Bachelet.
El alto funcionario sostuvo que la recolección de datos para el informe se realizó con “criterios parcializados” y que se omitieron expresamente “actos de terrorismo, asesinato, torturas, secuestros, extorsión y otros delitos de crimen organizado”, de los que responsabilizó a los participantes en las protestas.
La delegación de Argentina -que intervino en representación de Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú- respaldó el informe de Bachelet y lamentó que éste confirme la impunidad de las violaciones de los derechos humanos y que la negación a las víctimas del derecho a la justicia.
La Unión Europea pidió una reforma electoral que permita que se realicen elecciones democráticas en Nicaragua y que se autorice el retorno de las organizaciones internacionales de derechos humanos que fueron expulsadas por Ortega.
CIDH PIDE AL MUNDO NO OLVIDAR A NICARAGUA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acudió a la ONU para pedir a la comunidad internacional que no olvide que la crisis y la represión en Nicaragua persisten, y que no hay condiciones para el retorno de decenas de miles de nicaragüenses que huyeron del país por esta situación.
“Más de 83.000 personas se han visto forzadas al exilio. El Estado de Nicaragua aún no asegura condiciones para garantizar el retorno voluntario de todas estas personas bajo condiciones mínimas de seguridad”, sostuvo la comisionada Antonia Urrejola.
La representante de la CIDH hizo una exposición por invitación de la alta comisionada Michelle Bachelet en la que sostuvo que han recibido información sobre el incremento de la violencia en zonas rurales del interior del país y de asesinatos de personas identificadas como opositoras al Gobierno. Esos hechos no han sido investigados de forma imparcial y oportuna, agregó Urrejola.
La instancia interamericana ha constatado que continúan el acoso y las agresiones contra líderes opositores “con fines disuasivos” y para lo cual se les detiene por algunas horas.
“Reitero, la grave crisis de derechos humanos no ha cesado en Nicaragua. Persiste la instalación de facto de un Estado de excepción que mantiene suspendidas o seriamente limitadas las libertades públicas”, dijo.
En ese sentido, pidió que el mundo mantenga la atención sobre la crisis en Nicaragua, que en los últimos meses ha menguado y ha quedado a la sombra de la que sufre Venezuela.
Urrejola también denunció que los periodistas son perseguidos sistemáticamente, que se han cerrado los dos principales medios televisivos que no eran oficialistas y que el papel y la tinta de dos diarios opositores están retenidos desde hace un año.
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