La OEA inició este jueves oficialmente el procedimiento para aplicar el artículo 20 de la Carta Democrática interamericana a la Tiranía Ortega-Murillo, así lo anunció Luis Almagro, su Secretario General en la sesión especial sobre Nicaragua de este 27 de diciembre.

“Nadie creerá de quien usa ese lenguaje para apañar la tortura. Según las denuncias que hemos recibido, usted deberá asumir la responsabilidad del Estado por lo actuado por la fuerza de su régimen que tortura y mantiene presos políticos”, afirmó Almagro.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció ayer el inicio del proceso para aplicar la Carta Democrática a Nicaragua, que abre la puerta a la suspensión del país del organismo, con el respaldo de cinco países: Argentina, Colombia, Chile, EE. UU. y Perú. En un discurso leído ante el pleno del Consejo Permanente, Almagro se dirigió a Ortega y le advirtió de lo que deberá enfrentar de ahora en adelante por los crímenes cometidos por su dictadura durante estos 8 meses de brutal represión en Nicaragua.

“Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana”, dijo Almagro durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, pues “la lógica de la dictadura está definitivamente instalada” en Nicaragua.

 

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La Carta Democrática es un instrumento jurídico que, en sus artículos 20 y 21, contempla trámites diplomáticos contra un Estado miembro donde haya “una alteración del orden constitucional” y, de fracasar esas gestiones, allana el proceso para su suspensión, con lo que dejaría de participar en los programas del organismo.

Para aprobar la suspensión, la mayor forma de sanción que tiene la OEA, son necesarios 24 votos, es decir, dos tercios de los 34 países que son miembros activos del organismo (Cuba pertenece a la institución, pero no participa en ella desde 1962).

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En sus 70 años de historia, la OEA solo ha suspendido a dos Estados (Cuba y Honduras). Lo de Honduras se produjo luego del golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009.

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En cambio, para Venezuela la amenaza de suspensión ha recorrido un largo camino, sin haber conseguido aún el quorum para concretarla. En medio de la pugna, Caracas lanzó un proceso para retirarse del organismo que debería concluir en abril de 2019. La Asamblea General de este año dio un primer paso para iniciar ese proceso con Caracas.

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En su discurso, Almagro no se refirió a la suspensión y se limitó a anunciar el inicio de la aplicación del artículo 20, lo cual puede hacer como secretario general y le permite convocar de manera “inmediata” un Consejo Permanente que podría iniciar las gestiones diplomáticas con Nicaragua.

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En la sesión de este jueves, cinco Estados miembros (Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos y Perú) se mostraron a favor de evaluar la situación en Nicaragua mediante la Carta Democrática, una opción que también respaldó la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño.

“La CIDH llama a los Estados miembros de la OEA a rechazar las violaciones de los derechos humanos, los actos de represión contra la población nicaragüense y a considerar el cumplimiento de las condiciones que hacen aplicable la Carta Democrática Interamericana al país”, afirmó Arosemena.

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Por su parte, el embajador de Colombia ante el organismo, Alejandro Ordóñez, consideró que la OEA debe jugar “un papel indispensable” frente a la crisis en Nicaragua, que estalló el 18 de abril con protestas que piden la renuncia del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

“La situación en Nicaragua debe ser abordada a la luz de la Carta Democrática Interamericana”, aseveró Ordóñez. El diplomático colombiano señaló que es “urgente” e “imperativo” tomar esa iniciativa después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei), de la CIDH, concluyó en su informe que el Ejecutivo nicaragüense ha perpetrado crímenes de lesa humanidad.

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Nicaragua “rechaza y desconoce la presentación del informe (del GIE)”, manifestó a su vez el representante de Managua, Luis Alvarado. “Nicaragua es un país soberano, y exigimos respeto”, agregó.

Dicho informe sostiene que el Estado de Nicaragua “ha cometido asesinatos, privación arbitraria de libertad y crimen de persecución”.

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Con información de EFE y AFP

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