El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) citó a una reunión extraordinaria este jueves para tratar la situación en Nicaragua nuevamente, donde la represión de protestas opositoras deja más de 400 muertos en un poco más de 3 meses.
La sesión, que será en la sede de la OEA en Washington originalmente convocada a las 10 de la mañana, pero que fue reconsiderada para las 2 de la tarde, fue convocada a petición de Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Chile, Perú, Brasil y Argentina, con el objeto de aprobar una segunda resolución sobre Nicaragua y nombrar una Comisión Especial que visite el país.
El Consejo Permanente considerará un proyecto de resolución que, para ser aprobado, necesita el voto de 18 de los 34 estados que son miembros activos de la OEA y que ha sido impulsado por ocho países: Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Chile, Perú, Brasil y Argentina.
La dictadura de Daniel Ortega ya rechazó el pasado lunes la creación de una “comisión especial” en la OEA para dar seguimiento a la crisis y elevó su “más enérgica protesta” al organismo continental por esta iniciativa de este grupo de países.
De acuerdo al texto de la resolución, el objetivo es crear una “comisión especial” cuyo mandato “será contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua”.
De ser aprobada hoy su creación, los miembros de la comisión serán designados a más tardar el 10 de agosto por la Presidencia del Consejo Permanente, actualmente ocupada por Costa Rica, y se intentará que la entidad tenga “una representación geográfica equitativa”, según el texto de la resolución.
Esa “comisión especial” buscará contribuir al diálogo nacional en Nicaragua mediante “medidas de apoyo, acompañamiento y verificación en coordinación con los esfuerzos en curso de la Organización -en referencia a la OEA- y de otros actores regionales e internacionales”.
Mientras tanto, la Iglesia católica media en un diálogo que comenzó en mayo y está estancado debido a los desacuerdos entre las autoridades nicaragüenses y la opositora Alianza Cívica, que aglutina al sector privado, sociedad civil, estudiantes y campesinos.
Como parte de ese diálogo, la Conferencia Episcopal propuso al dictador Daniel Ortega el adelanto para marzo de 2019 los comicios fijados para 2021; pero el mandatario ha rechazado esa idea y considera que los obispos están “comprometidos con los golpistas”.
Las protestas contra Ortega comenzaron el 18 de abril y han dejado, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 295 muertos, mientras otras organizaciones humanitarias cuentan hasta 448 víctimas y el Gobierno 195.
La represión del régimen orteguista ha sido brutal a tal punto de cometer crímenes de lesa humanidad contra su propio Pueblo, las muertes de centenares de personas, incluído niños y una familia entera calcinada por sus fuerzas paramilitares y policiales, miles de heridos, decenas de desaparecidos y cientos de apresados y torturados ha colocado a Nicaragua en el Centro de la atención mundial. Un panorama de terror que sólo tuvo precedente en la década de los 70 cuando Nicaragua se jugaba su libertad contra el tirano Anastasio Somoza Debayle, hoy Ortega y su mujer, han superado a Somoza en genocidio y terror.
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